22/10/2008 EL PAÍS (GALICIA)
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Trabajadores de la empresa de seguridad Cetssa, encargada de la vigilancia de la sede central de Fadesa, en A Coruña, denuncian seguimientos y grabaciones ilegales con videocámaras a los empleados de la compañía cuando se dirigían a reuniones convocadas pos sus representantes sindicales. Las denuncias fueron presentadas ante la Unidad Central de Seguridad Privada, dependiente de la Policía Nacional, y la Agencia Española de Protección de Datos.
Las reuniones grabadas sin consentimiento datan de finales de marzo de 2007, meses después de que el empresario Fernando Martín se hiciera con el control de la inmobiliaria, ahora en concurso de acreedores. Los denunciantes aluden a que se realizaron seguimientos a ejecutivos de la compañía en reuniones mantenidas hasta altas horas de la madrugada en la que se negociaban ventas de hoteles propiedad de Fadesa.
De acuerdo con las denuncias, “la compañía dispone de cámaras interiores que han sido utilizadas para espiar a los empleados que acudían a una reunión sindical, cuya grabación está disponible sin protección alguna”. Los denunciantes aluden a la prohibición expresa en la Ley de Seguridad Privada, que sanciona actividades de vídeovigilancia “sobre conflictos políticos o laborales, control de opiniones, recogida de datos personales con tal objeto”.
Desde Fadesa señalan que en ningún caso se hacen seguimientos específicos con las cámaras de vídeovigilancia, “exceptuando puntos críticos en el interior de la empresa por motivos de seguridad”, y añaden que “si hay alguna grabación circulando, se ha realizado a espaldas y sin conocimiento de la compañía”.
Trabajadores de la empresa de seguridad Cetssa, encargada de la vigilancia de la sede central de Fadesa, en A Coruña, denuncian seguimientos y grabaciones ilegales con videocámaras a los empleados de la compañía cuando se dirigían a reuniones convocadas pos sus representantes sindicales. Las denuncias fueron presentadas ante la Unidad Central de Seguridad Privada, dependiente de la Policía Nacional, y la Agencia Española de Protección de Datos.
Las reuniones grabadas sin consentimiento datan de finales de marzo de 2007, meses después de que el empresario Fernando Martín se hiciera con el control de la inmobiliaria, ahora en concurso de acreedores. Los denunciantes aluden a que se realizaron seguimientos a ejecutivos de la compañía en reuniones mantenidas hasta altas horas de la madrugada en la que se negociaban ventas de hoteles propiedad de Fadesa.
De acuerdo con las denuncias, “la compañía dispone de cámaras interiores que han sido utilizadas para espiar a los empleados que acudían a una reunión sindical, cuya grabación está disponible sin protección alguna”. Los denunciantes aluden a la prohibición expresa en la Ley de Seguridad Privada, que sanciona actividades de vídeovigilancia “sobre conflictos políticos o laborales, control de opiniones, recogida de datos personales con tal objeto”.
Desde Fadesa señalan que en ningún caso se hacen seguimientos específicos con las cámaras de vídeovigilancia, “exceptuando puntos críticos en el interior de la empresa por motivos de seguridad”, y añaden que “si hay alguna grabación circulando, se ha realizado a espaldas y sin conocimiento de la compañía”.