La acusación pide que se impute a otros seis altos cargos de la entidad por malversación de fondos
La policía describe una red de empresas cuyo objetivo era el movimiento de capitales "ilegales"
El fiscal anticorrupción David Martínez Madero ha solicitado al juez que investiga la presunta malversación de fondos públicos por parte de altos directivos de Mutua Universal que requiera a esta entidad de asistencia sanitaria laboral el depósito de una fianza de, al menos, 183,7 millones de euros para cubrir eventuales responsabilidades civiles. Asimismo, la acusación pública reclama la imputación de seis altos cargos de la mutua, que se sumarían a los cinco que en la actualidad ya figuran como tales en las diligencias judiciales, entre ellos el que era el director general Juan Aicart Manzanares.
Un informe pericial elaborado por los peritos judiciales ha establecido que Mutua Universal presuntamente defraudó a la Seguridad Social al menos 219 millones de euros entre los años 1990 y 2007. Esta cantidad sería el dinero que debía haberse retornado al erario público y que se sospecha que fue desviado mediante operaciones irregulares a empresas asociadas a la entidad.
Hasta el momento, no se había solicitado a los presuntos responsables de esta actividad delictiva fianza civil alguna para el aseguramiento de las responsabilidades civiles que pudieran determinarse. Sin embargo, ahora que ya se ha cuantificado la presunta malversación de fondos, el fiscal ha reclamado que los imputados y Mutua Universal procedan a prestar fianza o aval por, al menos, 183,7 millones. Esta cantidad es menor a la supuestamente defraudada desde 1990 al 2007. El delito de malversación de caudales públicos cometido por particulares tiene un plazo de prescripción de 10 años.
Es decir, el fiscal ha efectuado sus cálculos sobre los últimos 10 años y ha tenido en cuenta que los peritos no han podido acreditar, por ahora, lo sucedido en 1998, 1999 y 2000. "La cifra malversada y susceptible de reclamación en vía penal ascendería a 183.795.290 euros", incide en su escrito remitido al Juzgado de Instrucción numero 21 de Barcelona. El juez deberá decidir ahora.
MÁS ALTOS CARGOS
El ministerio público, además, ha solicitado al juez que cite a declarar como imputados a los subdirectores generales de Mutua Universal Javier Tobajas Bru, Josep García Belaire y Alfredo Macià Pelegrín, así como al director del departamento de inmuebles, compras y servicios, José Julio Fernández Sánchez; al director de control de gestión, panificación y auditoría, Jordi Pons Coma, y al asesor jurídico externo Daniel Redondo García. A la vez, se reclama la declaración como testigos del presidente de la mutua, Juan Echevarría Puig, y de Eduardo Garriga.
La petición del fiscal se basa en un completo informe elaborado por el grupo de delincuencia económica y blanqueo de capitales de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, en el que se desgranan supuestas conductas, relaciones societarias y flujos financieros. En ese análisis se detalla un complejo entramado de empresas creado alrededor de Mutua Universal y que tiene como objetivo el movimiento de capitales legales e "ilegales", la reinversión y "finalmente el control de los activos por los principales urdidores de la trama", lo que se traduce en un "incremento de su patrimonio". "La mutua es una organización jerarquizada, en buena parte por sus estructuras consolidadas y también por la vocación de jerarquía de Juan Aicart, director gerente".
