Ambos sindicatos denuncian en un comunicado que el Ministerio del Interior "reiterada y tenazmente" viene incumpliendo las numerosas sentencias, que en referencia a los servicios mínimos en este sector, han fallado reiteradamente la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
Según los sindicatos, ambos tribunales han rechazado en sus fallos los argumentos de la Secretaría de Estado de la Seguridad como "una falta de justificación que no satisface el canon de motivación exigido constitucionalmente, en cuanto nos encontramos ante el ejercicio de un derecho fundamental consagrado en la ley suprema".
En cambio, el Ministerio del Interior explica en esta resolución que ha de tenerse en cuenta que la "amenaza constante" de atentados terroristas y la insuficiencia de recursos en el ámbito de la seguridad pública obliga, "incluso en situaciones de activación mínima", a recurrir a servicios de seguridad privada para la protección de las personas y salvaguardar derechos fundamentales como la vida, la libertad o la seguridad.
El Gobierno entiende además que son servicios esenciales las denominadas "infraestructuras críticas", como el transporte, la energía, la salud, la información y las telecomunicaciones, y la alimentación y las finanzas.
