Cándido Méndez. Si Rajoy teme una huelga general es porque no confía en el diálogo socia.
Es frecuente que se confunda el precio de un bien con su valor. Influyen prejuicios, un conocimiento superficial o un deseo aspiracional de emulación. También es habitual malvender lo que ha costado mucho lograr. Algo de esto es lo que ha sucedido en el Consejo Europeo del pasado 30 de enero. El presidente del Gobierno iba con un importante activo —son sus palabras y las de miembros de su Gobierno— y ha malvendido el acuerdo que sindicatos y patronales firmábamos días antes. Ante los primeros ministros conservadores equivocó el precio —una huelga general que le parece inevitable— con el valor del consenso social y la responsabilidad. Solo faltaba el señor Van Rompuy, animando a coger de nuevo “el toro por los huevos”, tal y como hizo cuando celebró la valiente, por impopular, reforma laboral del anterior Gobierno. Anoten un detalle y denle la importancia que consideren: el acuerdo de las pensiones se rubricó el día anterior a la llegada a Madrid de la canciller alemana, encuentro muy importante para nuestro país. El día anterior al encuentro en Berlín del presidente del Gobierno con la señora Merkel y en tiempo para su primer Consejo Europeo, actos no menos importantes, sindicatos y empresarios volvimos a cumplir con nuestra responsabilidad. Esperábamos que fuese una contribución que fortaleciese la posición de nuestro país para reclamar otras políticas que no arruinen a la sociedad española y le arrebaten derechos y bienestar. Pese a lo sucedido, no cejaremos en el empeño por lograrlo.
En nuestro país se ha producido un cambio político, un Gobierno conservador ha sustituido a uno socialista. Pero la severidad de la crisis pronto ha disipado las fábulas que precedieron al cambio y no ha tardado en aparecer el personaje del Torquato Tasso de Goethe lamentando que “de lo que uno es, son otros quienes tienen la culpa”.
Tras mi primera entrevista con el presidente del Gobierno —días antes de su investidura— afirmé que lo mejor era que, por la vía del diálogo, pudiéramos contribuir a resolver los problemas, y si no fuese así, deseaba que el presidente acertara. Esta afirmación, sincera, llamó la atención de alguna de las personas que más se han empleado en propagar el odio contra las organizaciones de trabajadores. Treinta y cinco años de democracia parecen no ser suficientes para que se entienda que UGT no es la oposición de ningún Gobierno. Como tampoco somos la oposición en las empresas.
Sindicatos y patronal hemos alcanzado un acuerdo difícil, como lo fue también el de las pensiones. Pero es una decisión que podemos explicar y los trabajadores la entenderán. La falta de acuerdo, cuando nuestro país se encamina hacia los seis millones de parados, es algo que difícilmente hubiéramos podido explicar.
El acuerdo solo tiene un propósito: que el despido sea la última opción en la empresa. La contención salarial, la flexibilidad, el compromiso de que una mayor parte de los márgenes empresariales se dediquen a inversión productiva, la vigilancia de los precios de los bienes y servicios esenciales, en particular de los que son competencia de las Administraciones públicas, solo tienen un objetivo: que no se siga destruyendo empleo.
Con su firma corroboramos algo sobre lo que se ha insistido: que deberían explorarse las posibilidades de mejora que ofrecen nuestras normas laborales, reformadas recientemente. Para asuntos como el convenio de empresa, la flexibilidad en la contratación o en las empresas —si son esos realmente los problemas que se quieren resolver—, nuestra regulación permite buscar soluciones por la vía del diálogo y el consenso social.
No obstante, se pueden preguntar por qué ahora ha sido posible lograrlo con prontitud. Es posible que las distancias antes fueran mayores porque, como ustedes y Borges saben, el espacio se mide por el tiempo y hoy el tiempo, al menos el tiempo político, no sé si es más o menos breve, pero sí es distinto. No ha sido así para nosotros.
También hemos intentado preservar algo vital: la negociación colectiva. Lo saben bien quienes quieren extirparla de las relaciones laborales, el ministro de Economía encabeza el pelotón: “El sistema de negociación colectiva ha sido la principal razón de la pérdida de competitividad que hemos sufrido en la última década”. Por ahora son solo sus palabras, esperemos que no se conviertan en decisiones.
Tras lo sucedido en el Consejo Europeo, tenemos el derecho a que el Gobierno acredite su voluntad de diálogo. Es su obligación tomar la iniciativa, convocar a sindicatos y patronales para esclarecer sus propósitos y, si esa es su voluntad, asentar el consenso social. Y quizás no estaría de más reflexionar sobre comportamientos recientes.
Cándido Méndez es secretario general de UGT.
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