Justo cuando el juez federal Francisco A. Besosa evalúa las mociones de absolución perentoria en el caso de los convictos Héctor Martínez y Juan Bravo, su defensa radicó una moción en la que le notifican que el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó recientemente que las compañías de seguridad solo pueden operar si su principal oficial ejecutivo tiene licencia de detective privado. “La sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirma que la Ley 108 ya obligaba al principal funcionario ejecutivo de una corporación a tener una licencia de detective privado y esto es relevante al asunto de 'valor' (que está en consideración) ante la Corte”, reza la moción de Martínez y Bravo. En el recurso la defensa de ambos convictos sostiene que entre los asuntos que actualmente evalúa Besosa como parte de las mociones de absolución perentoria o Regla 29 está si el gobierno probó durante el juicio como parte del cargo de soborno si el negocio, transacción o serie de transacciones involucró un bien de valor de $5,000 o más, elemento esencial de la sección 666 de soborno con relación a un programa federal. La defensa de Martínez y Bravo citó al fiscal federal de la División de Integridad Pública en Washington, Peter Koski, que alegó en una moción suya del 21 de marzo de 2011 en la página 20 que “las cosas de valor (entre Bravo y Martínez) fueron los proyectos de ley en sí y el beneficio que éstos le traerían a Bravo. Si se aprobaban esos proyectos hubiese requerido que todos los jefes de todas las empresas de seguridad privada tuviesen licencia (de detective privado)”. Durante el juicio, Koski puntualizó que Martínez impulsó el proyecto 471 para enmendar la Ley de Detectives Privados con el fin de beneficiar a Bravo, que era el único que tenía licencia de detective privado con su empresa Ranger American y puntualizó que si el proyecto de ley se aprobaba Bravo se quedaría con un monopolio y su empresa de seguridad privada recibiría millones de dólares. Para entonces, Loomis Fargo y su principal oficial ejecutivo Néstor Medina, competencia de Ranger, carecía de una licencia de detective privado y para operar su negocio utilizaba la licencia de uno de sus choferes de camiones blindados, Otilio Martínez. El pasado 30 de junio, el Apelativo confirmó el dictamen del 27 de enero de 2010 emitido por la juez de Tribunal de San Juan, Olivette Sagebien Raffo, que sostuvo que Loomis violó la Ley de Detectives Privados al renovar su licencia de agencia de seguridad a través del chófer de camiones blindados Otilio Martínez, en vez de su principal funcionario ejecutivo Néstor Medina, que es como lo establece la ley. “Entendemos que Loomis Fargo renovó su licencia para operar agencias de seguridad utilizando a un empleado de la compañía que no ocupaba un puesto de director o algún otro puesto similar a ese en contravención al artículo 9 de la Ley de Detectives Privados... Una licencia procurada de manera ilegal o fraudulenta no puede ser subsanada mediante una mera enmienda del nombre de su solicitante”, reza la sentencia del Apelativo. El pasado 7 de marzo doce puertorriqueños determinaron, tras ocho horas de deliberación, que Martínez era culpable de cometer soborno con relación a un programa federal y de conspirar aunque no encontraron ningún elemento para la conspiración y lo exoneraron de toda culpa de los cargos de obstrucción a la justicia y de viajar por el comercio interestatal para ayudar a cometer actos de crimen organizado. Mientras, el jurado compuesto por seis hombres y seis mujeres, encontró culpable a Bravo, de los tres cargos que pesaban en su contra que son conspiración, viajar a través del comercio interestatal para ayudar a cometer actos de crimen organizado y de cometer soborno con relación a un programa federal. La acusación señalaba que Bravo sobornó a Martínez y a De Castro Font para asegurar la aprobación de dos proyectos de ley: una medida que creaba el Código de Protección y Seguridad de Visitantes, Empleados e Inquilinos de Centros Comerciales y otra para derogar varias disposiciones de la Ley de Detectives Privados. Para poder asegurar la aprobación de las dos medidas, Bravo, Martínez y De Castro Font, según el pliego, ambos legisladores acordaron que ambos legisladores harían gestiones oficiales en favor de los proyectos, a cambio de numerosos pagos en efectivo a De Castro Font y de usar a la empresa de Ranger American para pagar clandestinamente deudas a De Castro Font. Además, la acusación destacó que Bravo le prometió a Martínez y a De Castro Font un viaje a Las Vegas para asistir a la pelea entre Tito Trinidad y Winky Wright el 14 de mayo de 2005, pagándole pasajes en primera clase, habitaciones de hotel en el Mandalay Bay, boletos para el combate, habitaciones de hotel en Miami para el viaje de regreso así como alimentos y bebidas.
sábado, 5 de noviembre de 2011
PUERTO RICO LAS COMPAÑIAS DE SEGURIDAD SOLO PUEDEN OPERAR SI SU PRINCIPAL OFICIAL EJECUTIVO TIENE LICENCIA DE DETECTIVE PRIVADO
Etiquetas:
NOTICIAS LOOMIS
