EL GOBIERNO RENUNCIA A APLICAR UNO DE LOS PILARES DE LA REFORMA LABORAL

El Ministerio de Trabajo abandona la idea de crear un fondo para financiar despidos ante la débil situación de la economía.

La financiación del despido, una de las claves de la reforma laboral, se ha convertido ya en papel mojado. El Gobierno renuncia a regular el fondo de capitalización, un elemento medular en la norma aprobada hace ahora un año para saciar las ansias reformistas de los mercados, aunque sin excesiva convicción por parte de los agentes implicados. El motivo es que la cuadratura del círculo comprometida en el texto legal se ha revelado imposible: articular una mochila de protección para cada trabajador pero sin elevar las cotizaciones empresariales. "Ahora mismo no se dan las condiciones para crear ese fondo", admiten fuentes del Ejecutivo.

Más allá de los detalles, la revisión de la reforma laboral un año después de aprobarse confirma la debilidad de este proyecto, que nació por imposición del Gobierno tras el desacuerdo entre patronal y sindicatos, y que aún no ha arrojado resultados esperanzadores.

El abandono del llamado modelo austriaco, que sustituye la indemnización al abandonar la empresa por el cobro de una cantidad acumulada en un fondo específico, no es la única enmienda que planea el Gobierno a la ley. Trabajo proyecta otras modificaciones para intentar in extremis animar la contratación fija, el gran objetivo del proyecto laboral del Ejecutivo, que sin embargo se ha visto frustrado al caer la indefinida un 5% en el último año mientras la temporal crece el 10%.

A la vista del desplome que ha sufrido el contrato estrella de la reforma, el estable con despido más barato (33 días por año trabajado, frente a los 45 ordinarios), el Ministerio de Trabajo quiere recuperar el incentivo que lo potenció hasta diciembre del año pasado: la posibilidad de convertir cualquier temporal en un indefinido de 33 días. Desde que desapareció el señuelo, esa fórmula se ha desplomado.

Los responsables del ministerio comunicarán sus intenciones a los agentes sociales la próxima semana. Más allá de las críticas que suscite la renuncia a una de las propuestas más defendidas por el ministro, Valeriano Gómez, lo más probable es que ni sindicatos ni empresarios lamenten la desaparición a corto plazo del modelo austriaco: los primeros temían un nuevo abaratamiento del despido -o una descausalización-, mientras los segundos se barruntaban un aumento de las cotizaciones sociales para financiarlo.La alternativa elegida por Trabajo agradará a los empresarios y, como mínimo, será tolerada por las centrales sindicales. Se trata de dar carácter permanente a la solución transitoria que consagró hace un año la reforma laboral, hasta que el fondo austriaco estuviera constituido: que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), nutrido con aportaciones empresariales, financie una parte de los despidos procedentes para aliviar a las compañías en dificultad.

Sí disgustarán a UGT y a Comisiones Obreras los cambios que Trabajo quiere incluir en este mecanismo temporal para convertirlo en estable. Hasta ahora, el Fogasa solo financiaba despidos procedentes por motivos económicos (es decir, los que fijan una indemnización de 20 días por año, de los cuales el fondo público financiaba ocho). En adelante, ese instrumento se hará cargo de todos los despidos económicos, también improcedentes. Los sindicatos siempre han objetado que se financien procedimientos que deniegan la razón al patrono a través de fondos públicos (engrosados con aportaciones empresariales, pero públicos al fin y al cabo).

No habrá dinero público, en ningún caso, para despidos disciplinarios improcedentes, la fórmula más frecuente cuando las empresas quieren prescindir del empleado ahorrándose el trámite judicial. En ese caso las compañías tendrán que seguir haciendo frente a los costes, aseguran las mismas fuentes gubernamentales.

Esa ampliación de competencias no supondrá un incremento de las cuotas sociales que ya abonan los empresarios al Fogasa. Con el 0,25% de la base de cotización que aportan las sociedades se financiarán de forma generalizada todos los despidos, salvo los disciplinarios.

La decisión de Trabajo de abandonar uno de sus proyectos estrella se ha visto precipitada por el informe de expertos emitido hace casi 15 días. Los seis especialistas a los que el ministerio había encargado evaluar la viabilidad del modelo austriaco respondieron con rotundidad a esa petición. El grupo, representativo de posiciones muy diversas, desde las más cercanas a los sindicatos hasta las procedentes de la propia CEOE, concluyó que implantar ahora un fondo específico para despidos requeriría recaudar 7.500 millones de euros anuales, equivalentes a tres puntos de cotizaciones empresariales. Reclamar esas cantidades en el actual contexto de atonía económica se antoja difícil.

Con esa base, los expertos creían inviable la implantación en España del modelo austriaco y ofrecían como alternativa prolongar la financiación ahora existente, proveniente del Fogasa. Es justo la solución que se ha adoptado. "Sin renunciar a que en el futuro pueda implantarse el modelo austriaco, si se dan las condiciones, ahora nos inclinamos por convertir en estable lo establecido como transitorio en la reforma laboral", aseguran las fuentes gubernamentales consultadas.

El Ejecutivo estudia dos vías para aprobar la solución acordada. O un decreto ley que incluya las dos tachas a la reforma (la renuncia a aplicar el fondo de capitalización y la prolongación del incentivo que permite convertir a un contrato de 33 días cualquier fórmula temporal) o sendas enmiendas a cualquier norma laboral o social que esté ahora en fase de tramitación parlamentaria (la reforma de políticas activas de empleo, la de pensiones o la de negociación colectiva).

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