El secretario de Estado de Defensa, el secretario general
del Mar y el de Política de Defensa ofrecieron ayer a los directivos de las dos
principales asociaciones de atuneros (ANABAC y OPAGAC) negociar con el
Ministerio del Interior un cambio en la Ley de Seguridad Privada para permitir
a los vigilantes que embarquen en los buques el uso de armamento militar. El
ministerio facilitaría el traslado y la financiación del armamento y del
personal (el sueldo de uno de estos vigilantes supera los 300 euros al día).
Los atuneros se habían opuesto siempre al embarque de personal de seguridad
privada porque el tipo de armamento que les permitía usar la ley no era
suficiente para disuadir a los piratas, armados con lanzagranadas y
metralletas. Defensa también ha ofrecido a los armadores que militares de la
Armada entrenen a los vigilantes privados que vayan a embarcar en los buques.
El Gobierno sigue negándose en redondo a subir militares
en los buques porque la Ley de Defensa Nacional, alega, lo impide, y porque
desde el punto de vista operativo es imposible. Francia, que sí lo ha hecho,
cuenta con 3.000 militares en la base de Yibuti, tantos como tiene España
desplegados en el exterior.
Mientras, el joven armador del Alakrana continúa
negociando desde Nairobi con los piratas. Ayer telefoneó a José Vieites,
presidente de Euroatún (organización que representa a atuneros y conserveras).
"Hoy ha hablado con los marineros y están nerviosos", explica
Vieites. "Además, el mediador le ha dicho que traerse a España a los dos
piratas detenidos va a complicar las cosas. Aún no han hablado de cantidades de
dinero, pero el tiempo corre a favor de los secuestradores, porque hace que la
presión aumente". Vieites propone que la Operación Atalanta "localice
los puntos de salida en tierra de los piratas y los paralice antes. De lo
contrario, y viendo lo bien que les va el negocio, la piratería podría extenderse
a otros mares", apuntó..
